El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a su gabinete distrital, advirtió sobre las graves consecuencias que podría tener para la ciudad la adopción del proyecto de resolución “Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”, publicado por el Gobierno Nacional.
“En el análisis que hacemos como Distrito, esto es primero un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial, es una nueva violación a la ley, a la Constitución de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, afirmó el mandatario.
Galán señaló que la resolución afecta el desarrollo de planes estratégicos en Bogotá, impactando la vivienda, la protección ambiental, el acceso a la energía y la garantía del agua. Además, advirtió que el proyecto incumple el Acuerdo de Escazú, que establece lineamientos para procesos ambientales, y que su construcción no fue coordinada con las autoridades locales.
“El Plan de Desarrollo del Presidente Gustavo Petro establece que estos procesos deben realizarse de manera coherente, coordinada y jerárquica con los municipios y respetando su autonomía territorial. Aquí no hay ningún respeto por la autonomía territorial, es una imposición sin tener en cuenta el proceso institucional de Bogotá y la Región”, aseguró el alcalde.
Ante esto, Galán solicitó al Ministerio de Ambiente retirar el proyecto y abrir un espacio de diálogo con todas las entidades involucradas y la ciudadanía. “Pedimos que sea retirado y que se inicie nuevamente el proceso de construcción. Estamos de acuerdo con avanzar en decisiones que reduzcan el impacto ambiental y promuevan un desarrollo adecuado, pero esto se hace colectivamente, no de manera unilateral”, afirmó.
Impacto en infraestructura y servicios públicos
Galán también alertó que la resolución afectaría proyectos clave para la ciudad, como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, la inversión y conservación de los Cerros Orientales, así como la situación de 172 mil familias que podrían ver sus viviendas clasificadas como «humedales».
Entre las obras de infraestructura que quedarían en el limbo están:
- Patio Taller y trazados de las líneas 1, 2 y 3 del Metro.
- Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y prolongación de la Calle 63.
- Proyecto Ciudad – Aeropuerto y la Avenida Suba – Cota.
- Cable a La Calera y el Regiotram de Occidente.
- Troncal de la Calle 13, el puente vehicular y ciclopuente de Tibanica.
- Corredor de la Carrera Séptima y la Autopista Norte.
Asimismo, la resolución podría generar problemas en la prestación de servicios públicos al impedir intervenciones en predios donde se ubican infraestructuras clave como las PTAR Canoas y Salitre, y embalses como Chuza, La Regadera y San Rafael. También se vería afectado el desarrollo de infraestructura energética necesaria para la ciudad en el mediano y largo plazo.
Acciones legales y convocatoria a las autoridades locales
El alcalde Mayor anunció que, si es necesario, acudirá a acciones legales de tipo administrativo y penal para frenar la resolución. También convocará al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes afectados para trabajar articuladamente en exigir al Gobierno Nacional que tenga en cuenta a los territorios antes de tomar decisiones de esta magnitud.
Finalmente, resaltó la importancia de la participación ciudadana, pues la medida podría impactar a más de 600 mil personas en 138 barrios de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.
“Haremos lo que sea necesario, en el marco de la ley, para defender los derechos de los habitantes de Bogotá, la autonomía territorial y los proyectos que esta ciudad ya ha definido y financiado, y que mejorarán la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó el alcalde Carlos Fernando Galán.
